José Luis Ortega Vidal

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La reacción inmediata y común ante un desastre natural como los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre consiste en salvar vidas humanas incluyendo la propia.
Hay -por increíble que parezca- gente que fallece tratando de poner a resguardo su patrimonio material y quienes -suena más lógico- se arriesgan o sucumben en el intento de evitar la muerte de un ser vivo de otra especie.
La atención a los afectados por un desastre natural forma parte de la obligación del Estado.
De ahí que se demande la reacción inmediata, eficaz, holística del Estado y los gobiernos en sus diversos niveles.
La sociedad civil mexicana volvió a demostrar en el 2017 -como en 1985- su capacidad de organización y sentido de solidaridad que forman parte de un rostro cultural profundo.
Digamos que ayudar a los demás es un elemento de la genética de los mexicanos.
Con respecto al gobierno hay rostros distintos en el 2017 comparado al Estado invadido por el pasmo de 1985.
Enrique Peña Nieto ha actuado con celeridad y paradojicamente ha demostrado –también con rapidez- las falencias de su gobierno: sin recursos económicos suficientes para un caso como el que se vive, sin la organización que se supone nos dejó la experiencia tres décadas atrás, entrampado en una insensibilidad de 15 mil pesos para atender a los pobres entre los más pobres de México.
Peña Nieto fue tomado por sorpresa, entretenido en su juego del relevo presidencial y con un gabinete incapaz de dar las respuestas que demandaron sismos e inundaciones.
Varios gobernadores lucieron igual o peor.
Graco Ramírez, en Morelos, es un canalla al lucrar con el dolor y la muerte de sus gobernados para llevar agua al molino político personal.
Un caso semejante padece Guerrero.
Los gobernadores de Puebla, Edomex, Chiapas y Oaxaca fueron rebasados totalmente. Representan una suerte de Miguel de la Madrid vuelto a nacer.
En la CDMX se exhibieron casos de corrupción de los que ya no se puede acusar al PRI porque han ocurrido durante gobiernos perredistas y han costado vidas por fallas estructurales en el ámbito de la construcción.
Miguel Angel Mancera, por muy activo que se haya visto, lució opaco, mediocre… David sin astucia frente a un Goliat que lo devoró.
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Si la sociedad civil resucitada en el sismo de 1985 condujo esa capacidad solidaria al terreno de lo político-electoral y desató un proceso de incipiente democracia que aún late, sería de esperarse que un fenómeno semejante ocurra en el 2017 y los comicios inmediatos del 2018.
Los fenómenos sociales, sin embargo, no son como las cosechas de cualquier fruto dueño de una capacidad reproductiva y repetitiva.
Una circunstancia histórica permeó 1985 y otra distinta marca los días que corren.
Al haber transcurrido 32 años entre un sismo y otro la mayor parte de población actual en edad de votar -por citar una variable- no vivió el sismo de 1985.
La sociedad de aquel año, además, sangraba aún por las matanzas de 1968 y 1971; había sido testigo de la guerra sucia de los 70s y empezaba a sufrir los estragos de una crisis económica salvaje…
En los 80s muchos habían vivido parte del boom de los 50s y 60s, escucharon que administraríamos la abundancia por el hallazgo de petróleo en Cantarell, vieron cómo José López Portillo “defendía” al peso como un perro y luego toparon con un peso colapsado y casi muerto frente a los amoríos de JOLOPO con Sasha Montenegro.
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La generación actual, en cambio, nació entre crisis, se ha criado en medio de la crisis y día con día sólo escucha hablar de crisis.
Hay estados con amplias regiones gobernadas por el narcotráfico.
Vivimos bajo la sospecha de que la guerra de cárteles corresponde a un diseño de control político gubernamental vinculado al tema de las reformas estructurales.
Tal idea suena a fantasía hollywoodense pero convive con datos históricos corroborados por la prensa, la academia y el propio Estado respecto a sus vínculos con el crimen organizado.
Esto último ya no es una fantasía sino una cruda realidad que abarca a ex gobernadores (Tomás Yarrington, de Tamaulipas, un caso) militares (General Jesús Gutiérrez Rebollo, un caso) legisladores (Julio César Godoy Toscano, ex diputado federal por Michoacán, otro caso), alcaldes (Reveriano Pérez Vega, edil de Coxquihui, Veracruz; otro caso)…
Hay más, muchos más nombres de políticos relacionados con el narcotráfico y no se trata de un fenómeno nuevo, pues aparece desde el nacimiento mismo de la prohibición legal del consumo de drogas en el país en la década de los años 20s…

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A Manuel Buendía Tellezgirón lo mató la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaria de Gobernación en 1984 por sus investigaciones acerca de la presencia de la CIA en México.
Su muerte mantiene un hilo conductor con la muerte del periodista Javier Juárez Vázquez, de Coatzacoalcos, el mismo día 30 de mayo de aquel fatídico año.
También con la matanza de agentes federales y estatales en el ejido Sánchez Taboada de Hidalgotitlán, Veracruz, el 2 de noviembre de 1985, presuntamente encabezada por el narcotraficante Abelardo Sánchez Alcaraz (a) “El güero polvos”, aún preso.
Otras versiones periodísticas plantean que dicha matanza fue producto de dos factores:
a) Los policías asesinados no iban a combatir el narcotráfico como parte del operativo “Puma” del que formaban parte y que se desplegaba en 20 municipios de Veracruz y 40 de Oaxaca sino a comprar mariguana con la que se habrían intentado quedar sin pagarla…aquel acto lo habrían pagado con la vida a excepción de dos sobrevivientes: ambos policías veracruzanos, uno de la Dirección de Seguridad Pública y el otro de la Policía Judicial.
b) “Cinco años después de la matanza de 22 policías judiciales en el Ejido Sánchez Taboada, en Veracruz, se afirma ahora que los asesinos fueron guerrilleros guatemaltecos adiestrados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un rancho propiedad del narcotraficante Rafael Caro Quintero Y que fue el conocimiento de estas operaciones de la CIA lo que provocó el asesinato del periodista Manuel Buendía, en mayo de 1984” (Revista PROCESO, 7 de julio de 1990).
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En la década de los 80s México era un lugar de paso para los traficantes de la cocaína producida en sudamericana: Bolivia, Perú y principalmente Colombia.
En el país se consumía popularmente la mariguana y la cocaína era un producto caro, poco común y presente entre las élites intelectuales, económicas, políticas, del espectáculo nacional, prácticamente desde principios del siglo XX.
Actualmente la cocaína se consume en todas las clases sociales mexicanas incluyendo la de mayor número de ciudadanos: la clase baja.
Es cruel y paradójico: los pobres consumen cocaína al tiempo de aportar a los “halcones”, “estacas”, “vendedores”, “sicarios” y a los líderes de cárteles cuyo origen familiar suele ligarse a la pobreza.
Ocurre lo mismo con las fuerzas armadas: sus elementos razos, a lo largo de la historia, provienen del pueblo mexicano, es decir de las clases marginales.
Al final, en los enfrentamientos de soldados y marinos contra el crimen organizado luchan pobres contra pobres…de origen.
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La coca se compra por 150 ó 200 pesos en dosis rebajadas dentro de antros, cantinas, bares, discotecas, cantinuchas, barrios de cualquier ciudad del país.
No hay entidad, municipio, familia que se salve de este fenómeno.
El tráfico de cocaína hacia Estados Unidos vía México continúa y se disputa entre cárteles que han crecido, se han diversificado y forman parte de la estructura política, bancaria, financiera, social del país.
Esta realidad genera un nuevo andamiaje social, una estructura social reconstruida sobre la base del rompimiento del pasado y la instalación en un presente violento cuyo tejido social luce tembloroso y hecho añicos.
El Estado ejerce el monopolio de la violencia para citar a Max Weber.
Sí.
Sólo que en México el Estado mantiene un doble monopolio de la violencia: la de las fuerzas armadas amparadas por la ley y la del crimen propiciado por la corrupción política.
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Los terremotos del 7 y 19 de septiembre del 2017 arribaron a una sociedad sacudida por el narcotráfico pero también por el narcoconsumo.
El sismo de 1985 agredió mortalmente a una sociedad ingenua en ese sentido, ávida de democracia y conocedora de la represión como mantenimiento del estatus quo de una clase política rapaz.

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¿Cuál será la reacción de sociedad civil frente a la clase política podrida que sigue en el poder, incluyendo a todos los partidos que forman parte de lo mismo?
¿Cómo actuaremos en el contexto de una guerra propiciada por el Estado y disfrazada de combate al crimen organizado, con más de 200 mil muertos en diez años pero sin decomisos significativos de droga ni ataques al lavado de dinero…?
¿Qué haremos como votantes ante estos nuevos parámetros estructurales y tras los desastres naturales que revivieron nuestra capacidad de auto organización y solidaridad…?
¿Qué decidirán nuestros millones de jóvenes con credencial de elector ante un Estado cínico que los traiciona y está rebasado por la historia?..CONTINUARA